Transparencia2019-02-12T14:12:16+02:00

Transparencia del sector minero

¿Existen minas ilegales en Galicia?

La minería en nuestro país es un sector muy regulado, con gran densidad de normativas que afectan a la actividad extractiva. De hecho, se trata del país de la Unión Europea en el que mayor presión legal existe.

Todas las explotaciones mineras tienen permisos preceptivos, deben presentar un Plan de Labores anual, estar al corriente de medidas de seguridad y tener garantías y avales financieros a disposición de la Administración.

La minería de Galicia, como actividad milenaria, ha evolucionado de acuerdo a un marco social cambiante que ha amoldado sus leyes y las administraciones que las aplican. Por ello, no hay minas ilegales en Galicia.

La minería es un sector muy regulado y con una intensa vigilancia de la Administración

España aplica 112 normas a la minería

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En España, una empresa minera debe esperar entre 2 y 6 años para recibir un permiso minero debido a la espesa legislación y a la regulación de 103 administraciones y 112 leyes. Por el contrario, en Portugal, existe una ‘ventanilla única’ en la que como media para conceder o denegar un permiso solo se necesitan 11 meses.

Además, las actividades mineras en España deben rendir cuentas ante 103 administraciones distintas, sin que por ello se beneficie la eficiencia del sistema. Por contra, en 9 países de la UE existe una ‘ventanilla única’ para la solicitud de permisos.

Países de nuestro entorno como Francia, con 69 leyes; Portugal, con 25; Alemania, con 46; o Reino Unido, con 69, tienen entornos normativos mucho menos complejos, pero igual de exigentes que los españoles.

La presión legal obliga a las empresas a esperar hasta 6 años para abrir una mina

La minería moderna es absolutamente garantista con el medioambiente. De acuerdo a la Ley 3/2008 de ordenación de la minería de Galicia y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental todas las explotaciones mineras deben ser aprobadas de manera previa por una autoridad medioambiental, que emite un dictamen que permite o no la explotación del yacimiento.