En la actualidad, existen normativas muy estrictas sobre el impacto que la actividad minera puede producir en el medio ambiente, como en la composición de los vertidos líquidos, de las emisiones de polvo, de ruidos o de la restauración del paisaje una vez termine la actividad extractiva. Estas normas han de ser asumidas siempre y cuando se quiera llevar a cabo la explotación de minerales.
España, pionera en la aplicación de leyes sobre la actividad minera
En los países europeos existe una media de 40 leyes relativas a la actividad minera, siendo España el que más leyes aplica a la actividad extractiva con 112 leyes, seguido de Croacia con 110, Reino Unido con 69 y Eslovaquia con 63 leyes.
Por ello, se puede decir que España es un país pionero a la hora de aplicar leyes a la actividad minera respecto a otros países de Europa. La legislación para la minería en nuestro país arranca con la Ley de minas en 1973, que, que adopta una postura muy exigente en cuanto a la protección del medio ambiente. Más adelante, en 1982, se aprueba el Real Decreto sobre la restauración de los espacios naturales, y a partir de ese año, se siguen aprobando legislaciones muy importantes que han afectado a la actividad extractiva en las últimas décadas.
Legislación aplicada a la minería en España
La actual es la Ley de Minas de 1973, siendo una legislación que adopta una postura muy exigente y ambiciosa respecto a los problemas que venían produciéndose en las explotaciones mineras de la época. Se aprobó durante la época franquista, previa a la Constitución española. Se ha intentado la reforma integral de esta Ley en varias ocasiones (2003 y 2015) para adecuarse a las competencias de las Comunidades Autónomas y a las directivas de la Unión Europea, pero no se ha logrado debido a la falta de acuerdos entre las empresas del sector minero y la Administración Pública. Aun así, a lo largo de los años, se ha ido actualizando por medio de Reales Decretos y leyes.
La Ley de Minas de 1973 responsabiliza al explotador de los daños ocasionados con sus trabajos si se infringen las prescripciones establecidas para proteger el medio ambiente. Aun así, esta ley dejó varias lagunas en cuanto a compatibilizar la actividad extractiva con la protección del medio ambiente y el desarrollo económico, por ello, se aprueban varias normas durante los siguientes años.
Entre toda la legislación que se ha aplicado a la minería en España, destacan las siguientes leyes y Reales Decretos:
- Real Decreto de 1982 sobre reestructuración de espacio natural afectado por actividades mineras: este decreto establece que el titular de un proyecto o de una exploración extractiva, elabore y presente un Plan de Restructuración que garantice y comprometa la rehabilitación del espacio minero en el que se vaya a realizar a la actividad extractiva.
- Real Decreto de 1984 sobre restauración del espacio natural afectado por las explotaciones de carbón a cielo abierto y aprovechamiento de estos recursos energéticos: esta norma obliga a restaurar el suelo afectado, así como a garantizar que la empresa responsable de la explotación minera se haga cargo de la ejecución de los trabajos de restauración, además de que regula el depósito de avales para poder hacer frente a las labores de restauración. Esa ley se completó posteriormente con el Real Decreto de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de 1986.
- Real Decreto de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de 1986: la EIA es un informe vinculante sobre la conveniencia de autorizar la actividad de una explotación minera, y fija las condiciones en que debe realizarse dicha actividad teniendo en cuenta la adecuada protección del medio ambiente. Posteriormente, este Real Decreto es modificado por el Real Decreto (2000) y la Ley (2001) de Evaluación de Impacto Ambiental. Por medio de esta legislación se incorpora a la legislación española la Directiva 2001/42/CE del Parlamento y del Consejo Europeo de 2001 relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. Más adelante, en 2006 se aprueba la Ley sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente que incorpora la Directiva europea completamente en la legislación interna española.
- Real Decreto sobre la gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras de 2009: esta norma regula la gestión de los residuos de las industrias extractivas en tierra firme, es decir, de los residuos resultantes de las actividades de investigación y aprovechamiento reguladas por la Ley de Minas.
- Real Decreto de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras de 2018: este real decreto se elabora para regular el marco jurídico que asegure una transición justa de la minería del carbón y un desarrollo sostenible de las comarcas mineras teniendo en cuenta la finalización de las ayudas destinadas a cubrir las pérdidas de las explotaciones mineras de acuerdo a las exigencias de la normativa europea, recogida en el Artículo 4 de la Decisión 2010/787/UE del Consejo Europeo.
Como vemos, son muchas las leyes que se aplican a la actividad extractiva en España. Leyes que se han ido adecuando a la evolución de la minería y a aspectos como la protección del medio ambiente y al desarrollo sostenible. De este modo, se percibe la preocupación que el sistema legislativo español ha mostrado en cuanto al desarrollo normativo de una actividad que, si es regulada de manera eficiente, puede constituir un importante motor de desarrollo económico para el país.
