La trazabilidad de los productos mineros es un aspecto clave para todos. Hablamos de la sociedad en general, y debe partir de una responsabilidad compartida. Empezando por la práctica de la Responsabilidad Social Empresarial o los criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gestión) en las empresas mineras. Aspectos que también se requieren en aquellas empresas que transforman las materias primas mineras; las que proveen a otras empresas para su fabricación; y las mismas que diseñan y comercializan cualquier producto que provenga de la minería.
Todo ello hasta llegar al consumidor final, cada vez más responsable y volcado en conocer qué materiales componen los productos que han decidido adquirir, si los procesos son sostenibles y si contribuyen a alcanzar un bien social y medioambiental.
La trazabilidad de los productos evita opacidad y explotación
¿Sabes que uno de los minerales más usados para la elaboración de productos de cosmética es la mica? ¿Y que en un 60% proviene de estados muy pobres de la India en los que reina la opacidad sobre las condiciones laborales de las personas que la extraen de la tierra con sus propias manos? Todo ello en un entorno ilegal.
Ahondemos un poco más. ¿Eras conocedor/a que existe un sello, Child Labour Free, que garantiza de manera independiente que no se ha utilizado mano de obra infantil? De hecho, existen empresas como Caolines de Vimianzo, que extrae caolín, mica y otros productos de su explotación en la provincia de A Coruña, que ha certificado su proceso.
Pero no solo se trata de la recolección de mica en India. Existen minerales que se usan en la fabricación de smartphones, como el Iphone, sobre los que también pesa la duda respecto al cumplimiento de los derechos laborales y de la infancia a pesar de las auditorías realizadas por la multinacional americana. Así lo explica Brian Merchant en su obra ‘The One Device: The secret history of the iPhone’, lanzada en 2017.
La propia Unicef denunciaba en un informe las condiciones de la mina de Cerro Rico, en Bolivia, una de las más ricas y más antiguas en funcionamiento del mundo y en la que las circunstancias laborales no han mejorado especialmente. En ella se extraen estaño –fundamental para las nuevas tecnologías–, oro y plata y en ella y en otras tres zonas mineras de Bolivia, la ONU y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estiman que puede haber unos 7000 niños y niñas trabajando. En 2019, la OIT calculaba que un millón de niños y niñas son explotados en todo el mundo, sobre todo, en pequeñas minas.
Los derechos de la infancia son solo un ejemplo de los aspectos que podrían garantizarse incorporando la trazabilidad a los procesos y a los productos, como ocurre en la minería que se lleva a cabo en los países desarrollados.
La minería del primer mundo, ejemplo de ODS
La trazabilidad es un método de rastreo que viene a completar la que podemos conocer como cadena de custodia a lo largo de todo el suministro de un material. Desde las condiciones de los mineros que lo extraen, pasando por las empresas de transporte y la documentación que acompaña el origen, hasta los recibos de la fábrica en la que se han procesado o utilizado.
El monitoreo de toda la actividad es fundamental para cualquier sector productivo, pero sobre todo para la industria minera en la que los costes suelen ser muy altos. Por ello, una buena trazabilidad supone la mejora de los procesos, ser más eficientes, lograr una mayor operatividad, reducir tiempos y costes, un índice menor de errores y una certificación total de toda la cadena.
¿Cómo si no podemos asegurar que un producto mineral cumple, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)? Más aún en un sector en el que todos los ojos están puestos desde hace años por su impacto en el ecosistema y en las comunidades. En un entorno, además, en el que cada vez adquieren más peso los estándares internacionales y las políticas de sostenibilidad tanto por aspectos de calidad del producto, como sociales y ambientales, pero también para garantizar la optimización de los recursos energéticos e hídricos, sin ir más lejos.
En los países desarrollados, como en el caso del conjunto de la Unión Europea y las potentes Canadá -con la certificación Towards Sustainable Mining y UL Canada Ecologo de la Asociación de Minería de Canadá para la exploración minera- y Chile- con la incorporación de plataformas tecnológicas en buena parte de las grandes empresas del país-, existen ejemplos de esa preocupación por la trazabilidad tanto de su propia industria minera como de los minerales y metales procedentes de otros lugares.
¿Conoces el proyecto ‘Just Gold’ financiado por la Unión Europea? Este programa fue el primero en rastrear el oro artesanal responsable desde la propia mina, situada en Costa de Marfil, hasta el mercado internacional siguiendo los estándares globales. El Servicio de Instrumentos de Política Exterior de la Unión Europea señala que este tipo de proyectos asegura a los consumidores que el oro que compran proviene de una fuente responsable (es decir, no hay incidentes de trabajo infantil, condiciones de trabajo inseguras, falta de estándares ambientales o delitos financieros) y se puede rastrear hasta su origen.
Nueva normativa europea para determinados metales
El 1 de enero de 2021 entraba en vigor un nuevo reglamento europeo que regula el abastecimiento responsable de minerales, por lo que se convierte en obligatorio para las empresas europeas comprobar el origen de 4 productos mineros que básicamente se importan, estaño, wolframio, oro y tantalio, de una lista de 27 países vulnerables a conflictos armados o actividades ilegales. Se trata de evitar los llamados ‘minerales de sangre’.
Desde organizaciones no gubernamentales se ve con buenos ojos, aunque consideran que la normativa se queda algo laxa en varios aspectos. El primero de ellos, al dejar fuera a determinados países que por definición sí entrarían; el segundo, porque solo implica a empresas que extraigan, transformen o comercialicen la materia prima de mineros artesanales, es decir, pequeños; y deja fuera a aquellas que importan los productos ya acabados.
Pero, sin duda, es un paso adelante para la protección de la industria de la minería global pero también para la industria minera cuya actividad se centra en los países desarrollados, como en España, y que trabajan desde hace años bajo los criterios de responsabilidad y sostenibilidad.
