Para que la sociedad se beneficie de sus recursos mineros es necesario seguir un proceso que comienza por la solicitud de un permiso de investigación. Estos permisos son una pieza clave en el proceso de aprovechamiento de los minerales, ya que permiten a las empresas evaluar la viabilidad de una posible explotación.

En España, estos permisos están regulados por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, y su reglamento de desarrollo, aunque cada comunidad autónoma tiene competencias en su tramitación y control.

Para comprender la importancia de estos permisos, es esencial diferenciarlos de otras autorizaciones dentro del ciclo minero. Mientras que un permiso de exploración permite estudios superficiales sin impacto significativo, el permiso de investigación autoriza perforaciones y sondeos para determinar los recursos minerales presentes en el subsuelo. Sin embargo, su concesión no implica el derecho a explotar el yacimiento, para eso es necesario obtener una concesión de explotación posterior.

Concepto y características de los permisos de investigación

El permiso de investigación minera concede a su titular el derecho a realizar estudios detallados sobre una zona concreta durante un periodo de hasta tres años, con posibilidad de prórroga. Se otorga sobre cuadrículas mineras, que son unidades de terreno que abarcan 27 o 28 hectáreas y que permiten una gestión ordenada del territorio.

En Galicia, la Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Minas, dependiente de la Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, es la entidad encargada de gestionar estos permisos, evaluando que , los proyectos cumplan con los requisitos técnicos, sociales  y ambientales requeridos. Recientemente, a principios de 2025, la Xunta convocó un concurso para reactivar derechos mineros caducados, con el objetivo de fomentar la exploración y el aprovechamiento sostenible de los recursos geológicos de la región.

Permisos mineros

Clasificación de los recursos mineros según la legislación española

Los recursos minerales en España se clasifican en cuatro secciones, según su naturaleza y valor:

  • Sección A: Recursos de escaso valor económico y comercialización geográficamente restringida, empleados en usos que no exigen más operaciones que las de arranque, machaqueo y clasificación, , como áridos y arcillas.
  • Sección B: Las aguas minerales y termales, así como los estériles e infraestructuras subterráneas de antiguas explotaciones. .
  • Sección C: Técnicamente comprende todos los recursos que están las otras tres secciones, entre los que destacan minerales de alto valor estratégico, como pizarra, granito, cuarzo y metales.
  • Sección D: Recursos energéticos, como carbón y minerales radiactivos.

Los recursos de las secciones C y D son considerados de interés público y su concesión le otorga la calidad de utilidad pública. En Galicia, la minería de pizarra, granito y cuarzo tiene una gran relevancia económica, por lo que los permisos de investigación en estos ámbitos resultan fundamentales para el mantenimiento y crecimiento del sector.

Procedimiento para la solicitud de un permiso de investigación

La tramitación de un permiso de investigación en Galicia sigue un proceso estructurado que incluye los siguientes pasos:

  1. Presentación de la solicitud ante la autoridad minera autonómica, especificando la zona de interés definida en cuadrículas mineras. Esta presentación incluirá, entre otros documentos:
    1. Un proyecto técnico, donde se detallan los estudios a realizar, la metodología y los objetivos de la investigación,
    2. Un plan de restauración  de las labores de investigación realizadas,
    3. Un Estudio de impacto económico y social, que recoja dichos impactos sobre el entorno,
    4. Acreditación de solvencia técnica y económica del solicitante.
  2. Publicación de la solicitud y fase de alegaciones, permitiendo la participación de terceros interesados. Durante esta fase, las diferentes administraciones efectuarán la evaluación de los trabajos desde los pdv técnico, social y ambiental,
  3. Resolución y concesión del permiso, con una duración inicial máxima de hasta tres años.

Si durante el proceso de alegaciones se presentan objeciones fundamentadas, la administración puede requerir modificaciones en la solicitud o incluso denegarla, si se considera que la investigación podría tener impactos significativos no mitigables. En estos casos, la empresa puede presentar un recurso administrativo o adaptar su proyecto para cumplir con los requisitos establecidos.

Si, por el contrario, no hay objeciones fundamentadas y los resultados de la investigación son positivos, lo más normal es que haya un interés por extraer los recursos. En ese caso, deberá solicitarse, como hemos mencionado anteriormente, una concesión de explotación, lo que implica llevar a cabo nuevos estudios y obtener nuevas autorizaciones específicas.

Perspectiva en Galicia: potencial y desafíos

El sector minero gallego cuenta con un notable potencial debido a la presencia de minerales estratégicos. La convocatoria reciente para la reactivación de derechos mineros caducados busca incentivar la investigación y el aprovechamiento de estos recursos bajo criterios de sostenibilidad.

En la actualidad, uno de los principales retos tiene que ver con la burocracia, fundamental para agilizar los trámites administrativos y evitar demoras innecesarias en la concesión de permisos. Además, la necesidad de garantizar la compatibilidad con la normativa ambiental requiere estudios exhaustivos que pueden aumentar los plazos de los proyectos. No obstante, la existencia de un marco regulador sólido también aporta una seguridad jurídica incuestionable a las empresas interesadas en invertir en la exploración de recursos minerales en la región.

Para poder seguir desarrollando este sector con tanto potencial en Galicia, los permisos de investigación minera son un instrumento clave y su correcta planificación y gestión es muy importante para evaluar la viabilidad de futuras explotaciones. Su impulso representa una oportunidad para dinamizar la exploración y potenciar la competitividad del sector, garantizando un equilibrio entre desarrollo económico y sostenibilidad.